SIMEBAL PROPONE A LA MESA SECTORIAL QUE SE ACABE CON LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MEDICAS EMBARAZADAS EN MATERIA DE GUARDIAS.


Hace un año ya solicitamos esta cuestión, resuelta en el Servicio Madrileño de Salud de oficio.

El Ibsalut ha demorado su resolución remitiendo a una mesa que jamás convocó. Ahora ya se han interpuesto varias demandas contra este abuso ante los tribunales.

No obstante y a pesar de que el IBSALUT niega lo innegable, hemos reiterado nuestra propuesta que es la siguiente:

“1º.- Propuesta de SIMEBAL de adición al vigente Acuerdo de Acción Social del personal estatutario del IB-Salut, relativo a la exención de guardias de las facultativas embarazadas.”

Cuando se adapte el puesto de trabajo a facultativas embarazadas por riesgo durante el embarazo, por recomendación facultativa o del Servicio de Prevención, al amparo del artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, mediante la exención de guardia, o por pasar a situación de embarazo de riesgo, o durante el permiso o baja por maternidad o durante el periodo de lactancia acumulado, y durante las vacaciones no podidas disfrutar por dichos motivos, que vengan prestando servicios de guardia por el que perciban el complemento de atención continuada, la mujer en periodo de gestación o de lactancia deberá conservar el derecho al conjunto de las retribuciones”

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Fundamento de la propuesta: recientemente se ha denegado a varias facultativas el percibo de dicho promedio alegándose, en escrito firmado por el Director de RRHH y Relaciones Laborales, que el CAC es una retribución variable que solo se percibe si se realizan las guardias.

Entendemos que esto comporta una flagrante discriminación indirecta, conforme a la definición de la UE al respecto, contra la mujer embarazada, que es contraria a los principios que deben imperar en la actualidad en esta materia, amén de

El artículo 14 y 39 de la Constitución Española;

Art. 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

La Ley 3/2007 para la igualdad de hombres y mujeres;

El artículo 10 del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales;

El art. 23.1 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos;

El artículo 16 y 17 de la Carta Social Europea;

El artículo 114 de la Ley 3/2007, de la Función Pública de la CAIB;

El artículo 14.j) del Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, etc.