Como recordareis, SIMEBAL formuló recientemente alegaciones ante el Gobierno en relación al anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales, sobre la obligatoriedad de colegiación de los empleados públicos, que reputamos sólo explicable por razones crematísticas de los colegios que ilógicamente han calado en el Gobierno.

Sabemos que esta obligación se revestirá para justificarla, de ropajes éticos, grandilocuentes, pero vacuos al fin y al cabo, carentes de justificación real, objetiva y razonable, sólo la recaudación de cuotas permite aventurar los móviles de la perpetuación de esta obligación, máxime en los colegios sanitarios como los médicos, enfermeros, etc..

Pues bien, como era previsible, no se atiende a razones y el proyecto definitivo que entrará en el Congreso de los Diputados mantiene esta obligatoriedad, y salvo que sus señorías lo remedien   -cosa que estamos seguros  no harán, ya sabéis: la mano levantada que indica el sentido del voto-  seguiremos obligados a estar inscritos en un colegio profesional y a pagar religiosamente las cuotas que en cada momento se le antojen a la Asamblea de turno, constituida generalmente por algunos miembros de la Junta y unos pocos jubilados.

Enviaremos nuestras alegaciones a todos los grupos parlamentarios.

Los colegios son  instrumentos muy útiles, tienen funciones constitucionalmente distintas de los Sindicatos, y abogamos porque quienes realizan actividad privada deban estar inscritos, pero rechazamos de plano que se imponga esta obligación a los empleados públicos, sin perjuicio como es lógico de que sigan colegiados si es su deseo.

En  definitiva, un «recorte» más del Gobierno que pudiendo aliviar a los empleados públicos de esta carga, la mantiene, por razones que consideramos espurias.