Redacción / María Márquez. Madrid
Solo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ve el vaso medio lleno en la situación que deparará a los ciudadanos españoles a partir de la implantación del pago farmacéutico por renta. Su secretario general, Patricio Martínez, se desmarca de las arduas críticas que el resto del sindicalismo sanitario dedica a esta nueva medida ministerial que será avalada por el Consejo de Ministros este viernes.
CESM aplaude que las reformas estructurales sustituyan a “las tijeras”
El secretario general de CESM, Patricio Martínez, ha agradecido que “por lo menos, ahora sabemos de que forma se realizará este pago, estamos antes a favor del farmacéutico que del asistencial”. Martínez valora que “se salve a las capas sociales más perjudicadas con un copago testimonial” y recalca que el objetivo de la medidas sea la utilización racional del medicamento. Por otro lado, el portavoz sindical valora que “se empiece a ver menos tijeras y más modificaciones estructurales”. Y si el aplaude la iniciativa para acabar con el turismo sanitario, ve más complicado conseguir una única tarjeta sanitaria para todos los españoles. “Si en más de 25 años no nos hemos puesto de acuerdo, difícilmente nos pondremos ahora”, apunta, a la par que llama la atención sobre el riesgo de que “el gasto burocrático y administrativo” de la decisión vaya a ser “más caro que el ahorro que se pretenda conseguir”.
UGT critica que no hablar de copago es “un recurso semántico”
UGT considera que el Gobierno “ha iniciado un camino especialmente peligroso al plantear fórmulas de copago en el sistema sanitario español” ya que, según el sindicato, “se rompe el principio esencial de igualdad”. Manifiestan además que afirmar que no hay copago sanitario es un “recurso semántico interesado que no puede ocultar la verdad: los jubilados no pagan por los medicamentos y el Gobierno reformará la ley para que a partir de ahora paguen”. También considera “preocupante” la definición de la cartera básica de servicios, que divide en tres modelos la básica, suplementaria y la de servicios accesorios al considerar que “dentro de dos meses podría incorporar copagos dependiendo de la prestación sanitaria en los diferentes tramos de la cartera”.
A CCOO le preocupa el efecto disuasorio
Enmarcado en la reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar, que protestaba este miércoles frente al Ministerio de Sanidad, CCOO critica que el establecimiento de que “un segundo copago o repago en las prestaciones farmacéuticas, más allá de que tenga poca efectividad recaudatoria, va a disuadir la adquisición de medicamentos a los sectores con menores recursos o y pacientes con enfermedades crónicas, introduciendo un elemento de discriminación hacia la población precisamente más necesitada por su situación económica o estado de salud”.
Satse alerta de la división entre sanidad “para ricos y para pobres”
El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que el “repago” de los medicamentos “creará nuevas ‘bolsas de pobreza’, propiciando una sanidad para ricos y otra para las personas con menos recursos económicos”. El secretario general del sindicato, Alejandro Laguna, ha afirmado que el “repago” por medicamentos supone que los mayores y las personas de renta media y baja no puedan acudir a la sanidad en condiciones de igualdad, constituyendo un autentico “atentado” a la universalidad del sistema sanitario público.
CSI·F rechaza que los ciudadanos sufran “el peso” del ajuste económico
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) ha hecho dos valoraciones positivas del Interterritorial celebrado este miércoles: la prohibición del turismo sanitario y la central de compras “por su incidencia en el control del gasto”. Es sin embargo muy crítica sobre “el nuevo sistema de copago” porque en su opinión, “hace recaer una vez más sobre los ciudadanos y previsiblemente sobre los profesionales sanitarios, la mayor parte del peso del ajuste económico”. Denuncia también que el Ministerio planee “medidas sobre personal y reordenación de recursos humanos” sin contar con los representantes de los trabajadores y plantea medidas alternativas que también generarían ahorro, como la reducción de cargos de libre designación, la profesionalización de la gestión de los centros asistenciales o la protocolización para un uso más eficiente de la tecnología sanitaria, entre otras.
