SIMEBAL estaba estudiando la posibilidad de recurrir ante los tribunales la Orden TIN 362/2011, sin embargo al haber decidido la CESM presentar recurso contencioso-administrativo, no resulta necesario que cada sindicato confederado recurra.
Entendemos que esta medida que solo pretende dejar de abonar pensiones, tendrá otros efectos perversos, por ejemplo: desempleados sin indemnización de los despachos profesionales que cierren por jubilación, cese de actividad economica que supone un consultorio, pérdida de recaudación impositiva: IRPF trabajadores, IVA alquileres, etc. etc.
Se va a solicitar la suspensión cautelar la orden, que es contraria a derecho por vulnerar el principio de jerarquía normativa y de seguridad jurídica, e introducir desigualdades de trato por razón de edad.
