Por Miguel Lázaro, presidente de SIMEBAL-CESM
La financiación de las Islas arrastra desde 2002 un déficit de origen que ha obligado a la Comunidad a poner recursos propios para sostener la sanidad pública. Ahora, el Gobierno de Sánchez tiene la oportunidad de corregirlo, pero su propuesta vuelve a quedarse corta ante la realidad demográfica e insular de Baleares.
Hay problemas políticos que envejecen mal. Y hay otros que, además, se convierten en una hipoteca para varias generaciones. La financiación de Baleares pertenece a esta segunda categoría. Cuando se habla de financiación autonómica, solemos hacerlo con cifras, porcentajes y fórmulas que parecen reservadas a economistas y especialistas en Hacienda. Pero detrás de esas fórmulas hay una realidad mucho más sencilla: cuánto dinero tiene una comunidad para mantener sus hospitales, sus centros de salud, sus colegios y sus servicios públicos.
Y Baleares lleva más de veinte años pagando las consecuencias de una mala financiación. La transferencia sanitaria a las Islas se hizo efectiva el 1 de enero de 2002. En Madrid gobernaba José María Aznar; en Baleares, el socialista Francesc Antich. Y conviene decirlo porque la responsabilidad histórica de aquella negociación no puede atribuirse exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. El Gobierno central era del PP, pero el Gobierno autonómico que aceptó la transferencia era socialista.
Lo importante no es buscar culpables veinte años después. Lo importante es reconocer que la transferencia nació con problemas de financiación que posteriormente se han convertido en una pesada carga para las arcas autonómicas. Ya en 2003, apenas un año después de asumir las competencias, el Gobierno balear calculaba que la financiación sanitaria recibida resultaba insuficiente y estimaba un déficit de aproximadamente 150 millones de euros, sobre una transferencia que apenas superaba los 600 millones. No estamos hablando, por tanto, de una reivindicación inventada veinte años después.
El problema estaba ahí desde el principio. Es decir padecemos el pecado original de la financiación. Los estudios económicos sobre aquel modelo confirman que Baleares quedó en una posición muy desfavorable. 1.340 euros de financiación por habitante, frente a una media de 1.410 euros.
Según otros cálculos, Baleares recibía 1.468,62 euros por habitante frente a una media de 1.732,13€. Y un estudio específico sobre financiación autonómica y sanitaria: 1.436€ por habitante en Baleares, frente a 1.710€ de media. Baleares estaba claramente por debajo de la media. Y eso tiene una importancia enorme cuando estamos hablando de competencias como Sanidad y Educación. Pero multiplicada por cientos de miles de ciudadanos y prolongada durante años, deja de ser una diferencia estadística. Se convierte en una deuda acumulada con los ciudadanos.
Ahora bien, no podemos comparar la financiación de Baleares en 2002 con la de hoy como si entre ambas fechas no hubiera ocurrido nada. Han pasado 24 años. La población ha crecido extraordinariamente. Las necesidades sanitarias han aumentado. La población envejece. La medicina es más cara y más compleja. Han aumentado las expectativas de los ciudadanos.
Es decir, la fotografía de 2002 ya era mala y la película de los 24 años posteriores ha agravado enormemente las necesidades. FEDEA ha documentado, además, que Baleares fue una de las comunidades que peor evolucionó en términos relativos durante los primeros años del modelo. Su índice de financiación efectiva por habitante pasó de 101,8 en 1999 a 92,0 en 2002 y 90,8 en 2003, tomando 100 como promedio de las comunidades de régimen común.
Por tanto, el problema no consiste únicamente en que Baleares comenzara con una financiación insuficiente. Es que esa insuficiencia se proyectó sobre los años siguientes. Si el Estado no proporciona recursos suficientes para financiar una competencia transferida, alguien tiene que pagar la diferencia. Y ese alguien ha sido, en buena medida, la propia Comunidad Autónoma. Es decir, los ciudadanos de Baleares. La Comunidad ha tenido que utilizar recursos propios para mantener y ampliar su sistema sanitario. Y eso tiene una consecuencia política que pocas veces se explica:
Cada euro que hay que destinar a cubrir una insuficiencia estructural de financiación es un euro que no puede destinarse a otra necesidad pública. No es necesario hacer demagogia con esto. No hace falta afirmar que cada problema de la sanidad balear se debe a la financiación autonómica. Naturalmente, también existen decisiones de gestión, prioridades políticas y problemas propios de la organización sanitaria. Pero sería igualmente irresponsable negar la evidencia de que la financiación condiciona la capacidad de una comunidad para prestar servicios públicos.
Y para más Inri el crecimiento demográfico. Baleares tampoco es la misma comunidad que recibió las competencias sanitarias en 2002.La población ha aumentado de manera muy importante. Y el modelo de financiación no puede seguir funcionando como si las necesidades de una comunidad fueran estáticas.
Aquí es donde la responsabilidad corresponde al Gobierno actual. Pedro Sánchez y María Jesús Montero tienen hoy la posibilidad de abordar una reforma que lleva años pendiente. Y Baleares debería ser una de las comunidades que más claramente exigiera que la nueva financiación tenga en cuenta la realidad insular. No basta con que aparezca la palabra “insularidad” en una fórmula. Hay que determinar cuánto cuesta realmente la insularidad. No basta con hablar de población. Hay que tener en cuenta la población real a la que se prestan los servicios públicos. No basta con hablar de financiación por habitante. Hay que hablar de financiación por necesidad. Y no basta con inyectar más dinero al sistema si la fórmula continúa generando diferencias injustificadas.
La propuesta del Gobierno se presenta, además, en un contexto en el que las propias estimaciones y análisis sobre el nuevo modelo muestran que el debate sobre la posición relativa de Baleares no está cerrado.
Por eso sería un error reducir el debate a decir simplemente: “Baleares recibirá más dinero”. La pregunta no es solamente cuánto dinero más recibirá Baleares. La pregunta es cuánto debería recibir para estar correctamente financiada. Porque recibir más que antes no significa necesariamente estar bien financiado.
Sánchez tiene una responsabilidad histórica. El Gobierno de Sánchez puede hacer ahora dos cosas. Puede presentar la reforma como una simple redistribución de recursos y esperar que cada comunidad se conforme con lo que reciba. O puede aprovechar la oportunidad para corregir uno de los grandes problemas estructurales del Estado autonómico. Baleares no debería pedir un trato privilegiado.
Debería exigir algo mucho más sencillo: Que el Estado financie adecuadamente los servicios públicos que los ciudadanos tienen derecho a recibir. Y que tenga en cuenta que una comunidad insular, turística, con un fuerte crecimiento demográfico y con un coste de vida y de vivienda extraordinariamente elevado no puede ser tratada exactamente igual que una comunidad con unas condiciones territoriales completamente diferentes. La mala financiación de 2002 no puede convertirse en una condena perpetua. Y tampoco puede utilizarse como excusa para no hacer nada. Han pasado 24 años. Ha cambiado la población. Ha cambiado la economía. Ha cambiado la sanidad. Ha cambiado la sociedad.
Lo único que no debería permanecer igual es la injusticia de una financiación que obliga a Baleares a poner recursos propios para cubrir las insuficiencias del sistema. Baleares no quiere más dinero porque sí. Quiere que el Estado financie lo que cuesta realmente mantener el Estado del bienestar en las Islas. Porque la pregunta ya no es quién negoció mal aquella transferencia.
La pregunta es mucho más incómoda: ¿Cuántos años más vamos a permitir que los ciudadanos de Baleares sigan pagando las consecuencias de aquella mala negociación?
