¿»BIG BROTHER» ORWELIANO EN SON ESPASES?

Algunos profesionales del Hospital Son Dureta nos han transmitido su preocupación por la implantación de un sistema de tarjeta de identificación (¡ojo: firma eletrónica incluida!) que se usará en el recinto de Son Espases. Sobre esta cuestión nada se ha dialogado con los sindicatos representativos de la sanidad balear.
Al parecer, según algunos, el sistema tiene prestaciones que podrían ejercer un control total sobre la situación del personal en cada momento. Exigimos que el IB-SALUT nos informe de todas y cada una de las «prestaciones» de las tarjetas.
Además, queremos dejar patente que nos asaltan muchas dudas de que pueda imponerse la «firma electrónica», algo que se coló de rondón en Atención Primaria cuando se implantó la «receta electrónica» y que ha sido rechazado por muchos facultativos, que no desean exponerse a los riesgos de, por ejemplo, perder la tarjeta y que alguien pueda descubrir el pin de 4 digitos para poder usarla, puesto que la firma eletrónica es tan válida legalmente como la estampada del propio puño y letra.
Una tarjeta identificativa sólo «ad intra», para cuestiones relacionadas con el Hospital es una cosa, y otra la «firma electrónica», en la forma que legalmente está concebida (Ley 59/2003), que sirve para todo tipo de transacciones, incluso fiscales o notariales, entendemos que no es imponible por vis compulsiva a los facultativos.
Ved la información publicada:
http://directivos.publicacionmedica.com/spip.php?article413

Ved el artículo 3 de la Ley 59/2003, sobre las funciones de la firma electrónica:
«Artículo 3. Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente.
1. La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
3. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.
4. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.
5. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa específica aplicable.
6. El documento electrónico será soporte de:
a) Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso.
b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica.
c) Documentos privados.
7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.
8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica.
La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.
Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9. No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los que esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica.
10. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, cuando una firma electrónica se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas.»