Teme que se esté buscando “mano de obra barata”, y cree poco congruente que se facilite su reconocimiento sin dar solución a los MESTOS españoles
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) considera “poco congruente” que el Gobierno quiera llevar adelante un nuevo decreto para regular la acreditación de médicos formados fuera de la Unión Europea sin previamente, o de modo paralelo, dar solución a los especialistas españoles que trabajan desde hace años como tales sin estar en posesión del título oficial, a los que se conoce como MESTOS, y que en la actualidad podrían superar la cifra de 2.000.
Estos profesionales llevan años trabajando como especialistas tras ser contratados para cubrir vacantes en servicios o áreas médicas con dificultades para encontrar facultativos acreditados con la titulación correspondiente, y CESM cree que son merecedores de un trato equivalente al que ahora se pretende ofrecer a los facultativos extranjeros en parecida situación.
Éste es uno de los argumentos principales que se contiene en las alegaciones presentadas ayer por CESM al borrador de real decreto que ha acometido el Gobierno con vista a facilitar la acreditación de médicos no comunitarios, aunque en realidad las objeciones del sindicato impugnan incluso la necesidad de llevarlo a cabo. Para hacer frente a la cuestión que se plantea en él bastaría, a juicio del sindicato, con agilizar el procedimiento ya establecido en otro real decreto, en vigor desde 1991. En él se estipulan los requisitos para la homologación de títulos, y lo único que haría falta es que desde la Administración se fuese más diligente a la hora de llevar a la práctica las pautas establecidas, de modo que las peticiones se resolvieran en menos de 6 meses (como fija la norma) y no se demorasen durante años, como ocurre en la actualidad.
MÁS OBJECIONES Hecha esta precisión, que enmienda la necesidad de proceder a mayores cambios, las alegaciones de CESM al nuevo real decreto incluyen también su “sorpresa” porque en las contrataciones de profesionales extracomunitarios no se esté dando prioridad a quienes no habiendo obtenido la licenciatura en España, sí que han hecho el período de residencia en nuestro país.
Otros puntos sobre los que llama la atención el sindicato al respecto del real decreto en ciernes son los siguientes:
No está clara la delimitación entre la acreditación a efectos de poder ejercer la especialidad (que supuestamente es el fin al que atiende el real decreto) y la homologación formal del título. En consecuencia, se plantea la duda de si los médicos que obtengan la habilitación para trabajar podrán ejercer indefinidamente en España, o sólo será una solución temporal a la espera de conseguir la correspondiente homologación académica.
La norma en preparación fija un período de hasta un año de formación y prácticas (suponemos que sólo para los nuevos contratados, y no para los que ya estén trabajando) que en principio no es remunerado, lo cual no es en modo alguno justificable. CESM propone que las características y retribuciones de los contratos sean al menos similares a los de los MIR que realizan su último año de formación como especialistas.
Hay que reforzar el papel controlador del Comité de Expertos dependiente de Sanidad para que pueda ejercer un control real que evite abusos. En este sentido, se pide que además de un vocal propuesto por la Organización Médica Colegial, haya también en dicho comité un representante de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina.
El sindicato considera necesario que el Comité de Expertos cuente con una acreditación suficiente expedida por la organización médica del país de donde provenga el aspirante, y que los colegios españoles tengan una participación más activa en el proceso. También cree oportuno que en el caso de haber estado trabajando en España, la comunidad autónoma de que se trate eleve un informe al respecto.
Asimismo, se estima conveniente que antes de proceder a la aprobación del decreto se hagan estudios que cuantifiquen con precisión el número de profesionales, distribuidos por especialidades, a los que atañe el nuevo procedimiento de acreditación, y el impacto económico que ello supone.
Por último, CESM pide que la oportunidad o no de llevar adelante la nueva norma, así como el contenido de la misma, se negocie en el ámbito del Foro Marco para el Diálogo Social, en el que están representados todos los sindicatos y tiene prerrogativas por ley para pronunciarse al respecto.
