El comité permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha hecho suyas y liderará en el futuro las iniciativas que ya han emprendido algunas organizaciones autonómicas (CESM-Galicia y el Sindicato de Balears, en concreto) para oponerse al anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal que acaba de presentar el Ministerio de Justicia, al comprobar que, de salir adelante, a los médicos estatutarios les será prácticamente imposible defenderse de los múltiples atropellos e incumplimientos a los que les somete con frecuencia la Administración.
Los profesionales de la medicina ya tenían complicado hacer viables sus derechos desde que la ley del Estatuto Marco (2003) sustituyo la vía de lo Social por la Contencioso-Administrativa, la cual resulta inoperante por su lentitud, pues cuando se pronuncia la sentencia, el problema dilucidado a menudo ya no tiene arreglo.
Esta situación, que se quiso vender en su día a los médicos con un progreso en su defensa jurídica, ha venido siendo sistemáticamente denunciada por CESM. El objetivo del sindicato consiste en volver al procedimiento de lo Social, que era el que (hasta el cambio de orientación introducido por el Estatuto Marco) había servido tradicionalmente de cauce a las reclamaciones de los facultativos.
Un trágala
Sin embargo, lejos de solventar el problema descrito, el Ministerio de Justicia amenaza ahora con complicarnos el ya escaso amparo judicial.
En efecto, de prosperar el anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal que acaba de presentar el ministro Francisco Caamaño, el recurso por lo contencioso dejará de ser una vía extremadamente lenta –y por eso mismo inútil- para convertirse en un trágala.
Hay motivos para verlo así. Por un lado, se establece un aumento de las cuantías mínimas en litigio para poder recurrir en caso de no estar de acuerdo con la sentencia en primera instancia. Dichas cuantías pasan de los 18.000 euros fijados actualmente a los 50.000 si se apela a los tribunales superiores de justicia (TSJ), y se amplían desde 150.000 a la desorbitada cifra de 800.000 euros en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
Dado que la entidad económica de la mayoría de los casos médicos en los juzgados no llegan a la primera cuantía (no digamos a la segunda), eso significa que en la práctica no podremos recurrir la decisión que adopte el juez que nos toque en el primer reparto de diligencias judiciales.
Por otra parte, el anteproyecto contiene la novedad lesiva para el médico de que se le impondrán costas siempre que se pierda el juicio (hasta ahora esta cláusula penalizadora sólo tenía vigencia en los supuestos de “mala fe”, que por ser difíciles de probar, casi nunca se aplicaban en la práctica judicial).
Lo anterior viene, para colmo, a sumarse a la voltereta introducida en el concepto de “silencio administrativo”, que a partir de ahora significa que se deniegan las intenciones del reclamante.
Tentación de hacer las maletas
Así las cosas, no es de extrañar que en la carta que desde CESM-Galicia se ha enviado al ministro de Justicia se diga que si sigue adelante con su idea, hacerse médico en este país será un “verdadero suicidio laboral y social”, a la par que se incrementará la tentación de los profesionales por irse a trabajar fuera de España, en particular a otras naciones de la UE mucho más consideradas que la nuestra con los profesionales que hacen posible la asistencia a los ciudadanos.
El doctor Cándido Andión, presidente del sindicato médico gallego, recomienda en el escrito que si de verdad se busca descongestionar el funcionamiento de la Justicia, lo mejor sería recuperar la figura de los conflictos colectivos, donde en un sólo acto se pueden juzgar reclamaciones que, como ocurre con frecuencia en la sanidad pública, afectan a muchos profesionales y que normalmente no ocupan mucho tiempo a los jueces.
Un misil contra nuestra seguidad jurídica
Desde Galicia se interpreta también el criterio de la Confederación al asegurar en la misiva que si el anteproyecto se aprueba tal como está, a los médicos únicamente les quedará la huelga quedará el recurso a la huelga para proteger sus derechos.
Por supuesto, a CESM no se le oculta que la iniciativa legal no sólo afecta a los médicos estatutarios. También es válida para los funcionarios. Sin embargo, no es menos cierto que la especial complejidad de las condiciones laborales de los facultativos lleva a que en nuestro caso la litigiosidad sea mucho mayor. De ahí que veamos al anteproyecto del ministro Caamaño como un p
