La Audiencia lleva al Constitucional el recorte a los empleados públicos

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado hoy una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que analice el recorte salarial a los empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que se incluye en el de empleados públicos que aprobó el Gobierno en mayo.

El tribunal entiende que se han vulnerado los derechos de libertad sindical, negociación colectiva e igualdad de los 1.700 empleados públicos de ese organismo, según un auto conocido hoy que se ha adoptado por unanimidad y que podría extender sus efectos al resto del colectivo.

Los magistrados de la Audiencia Nacional señalan que el régimen de los funcionarios es diferente del de los empleados públicos, por lo que «no creemos constitucionalmente posible que se pueda suspender, modificar o suprimir un convenio colectivo durante su vigencia mediante un decreto ley» como el aprobado por el Gobierno.

Así, justifican que esos cambios en los convenios colectivos afectan «al contenido esencial» del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, lo que «está vedado por la Constitución».

Los jueces también dudan de la constitucionalidad de la decisión del Gobierno de no aplicar los recortes a los empleados de RENFE, ADIF y AENA y abogan por excluir a todo el colectivo del personal laboral del recorte aprobado.

El pasado 7 de octubre, la Audiencia Nacional abrió una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye un recorte salarial medio del 5% a los empleados del sector público.

El tribunal admitía así la demanda de conflicto colectivo que presentaron los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la FNMT contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Comité Intercentros de la FNMT.

En un auto notificado hoy, los magistrados dicen que «no tienen dudas sobre la concurrencia» de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para que el Gobierno adoptara el recorte.

De hecho, creen que la tramitación de una ley, aunque hubiera sido por el procedimiento de urgencia, «hubiera producido con toda probabilidad un gravísimo deterioro de nuestro sistema financiero y afectado a la credibilidad de nuestra economía y nos habría impedido probablemente sentar las bases para una recuperación sostenible».

Y aunque coinciden con el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en que «la ley puede modificar un convenio colectivo vigente», también destacan que esa modificación sólo puede hacerse «siempre que respete el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva», que a su juicio forma parte del derecho fundamental a la libertad sindical.

A su juicio, los convenios colectivos que se aplican a los empleados públicos y a otros trabajadores sólo pueden modificarse provocando el «menor sacrificio» en el derecho a la negociación colectiva, lo que no se ha dado en este caso.

La Audiencia Nacional entiende, además, que entre los empleados públicos se ha producido «trato diferenciado» al excluir del recorte salarial al personal laboral no directivo de RENFE, ADIF y AENA, lo que ha podido vulnerar el derecho a la igualdad.

En este sentido, destaca que el Gobierno no explicó razones que pudieran considerarse «idóneas, razonables y proporcionadas» para justificar ese trato diferenciado.

«Imponer un sacrificio tan extremo al personal laboral de Entidades Públicas Empresariales con plantillas menores y no aplicárselo a Entidades Públicas Empresariales con plantillas de mayores dimensiones es sencillamente inadmisible», afirma el auto.