En los últimos días una nueva y honda preocupación se ha añadido a la incertidumbre que acompaña, ya de manera lacerante, a los profesionales sanitarios en general, y de forma muy especial a los médicos y demás profesionales con asistencia directa a pacientes afectados de Covid19.

La distribución desde el Ministerio de Sanidad de una gran partida de mascarillas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos Servicios de Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esta circunstancia se ha visto agravada con posterioridad por la aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del Ministerio. Y si esto no fuera suficiente, hemos de añadir la noticia publicada en las últimas horas en el diario El Mundo que denuncia que Sanidad retiró las mascarillas “fake” a los 5 días de saber que no estaban homologadas.

Esa profunda y creciente preocupación se atribuye ya de manera indefectible a la gestión que de esta pandemia se está realizando desde ese departamento, y se está transformando en máxima indignación, que exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables, así como acciones por nuestra parte, como Organización Sindical, que garanticen su seguridad y la defensa de sus legítimos derechos e intereses.

Por ello desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y tras la, a nuestro juicio, presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades, ha acordado en reunión del Comité Ejecutivo, interponer QUERELLA CRIMINAL por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra el ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca y los demás corresponsables, ante el Tribunal Supremo, conforme al artículo 102 de la Constitución por su especial aforamiento.

No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de Covid19, y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto.

Artículo publicado originalmente en CESM.