Hoy en el Consolat de la Mar, el Govern ha perpetrado un nuevo acto de agresión a la dignidad profesional, laboral y retributiva de los facultativos sanitarios, sin la preceptiva negociación, con la aprobación de una serie de medidas de retroceso en materia de personal empleado público, que representan el mayor atropello que se recuerda a nuestros derechos adquiridos.
El personal facultativo y de enfermería verá notoriamente mermadas, otra vez, sus retribuciones en la próxima nómina con el saqueo del 32% de su complemento de carrera profesional, la libranza de guardia deja de ser retribuida (Mejora alcanzada tras un dura huelga médica de meses. Retroceso social cuyo alcance será gravísimo) y con el incremento de 2 horas y media la jornada semanal hasta las 37.5 horas, entre un rosario de otras amputaciones socio-laborales, además se cierran los Centros de Salud a las 17.30 horas, se desmantelan los Hospitales Joan March y General de Mallorca.
Dichas medidas, aunque aprobadas el viernes no fueron difundidas en la web del Govern y no nos han sido notificadas hasta hoy, lunes de puente para muchos, a mediodía por la Consejera de Salud a la que se le ha manifestado por parte de los representantes de CEMSATSE (SIMEBAL-CESM Y SATSE), que van a comportar un periodo de confrontación permanente con el sector sanitario licenciado y diplomado, adelantándosele las consecuencias que inexorablemente estos graves recortes van a repercutir y afectar directamente a la atención sanitaria, por mucho que el discurso político preconcebido para la autojustificación trate de maquillarlas de cara a la opinión pública con frases sobre el mantenimiento de la «calidad asistencial».
Pasado mañana SIMEBAL celebrará una sesión extraordinaria de su Comité Ejecutivo, constituyéndose un permanente gabinete de crisis, que decidirá las acciones que deban emprenderse para la autodefensa de nuestras condiciones laborales, sin descartarse ninguna medida, frente a unas constantes agresiones laborales y salariales, arbitradas desde el Estado y desde la Comunidad Autónoma, contra el personal sanitario, que están retrotrayéndonos a condiciones socio-laborales muy antiguas y quasi tercermundistas.
